A una semana del debate final en la Cámara de Sanadores sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se conoció que el rionegrino Alberto Weretilneck podría obtenerse si no se incorporan las modificaciones al proyecto que él plantea. El ex gobernador desde un primer momento se expresó a favor del aborto legal, y su voto podría ser definitorio en la Cámara Alta.

Entre las modificaciones que exigió Weretilneck, se encuentran el requerimiento de una denuncia formal a personas mayores de 13 años víctimas de violación para poder acceder al aborto legal. Algo que no se encuentra estipulado en los protocolos de actuación actualmente, y que con el sólo consentimiento alcanzaba.

“Si el embarazo fuere el resultado de una violación de una persona mayor de 13 años, hasta el momento de viabilidad fetal de 22 semanas, se requerirá firma de declaración jurada y constancia de inicio de denuncia penal. Si el embarazo fuere el resultado de una violación de una persona menor de 13 años, la declaración jurada no será requerida”, expresó, como así tampoco se exigirá un acta de denuncia penal.

El senador por Río Negro también pidió limitaciones respecto al concepto de “salud integral”, que considera muy amplio, y modificar ese concepto con la causal "pone en riesgo la salud física o la vida".

“Es por ello que entendemos que este concepto es uno demasiado amplio (por salud integral) por lo cual el inciso b) del artículo 4° de la ley termina erigiéndose como una regla y no como una excepción, ya que en dicho concepto se encuadran todas las causales por las cuales una persona gestante decidiría un aborto. Por ello, proponemos sustituirlo para establecer como limite la semana 14 y, estableciendo como excepción la vida o salud física, que fue la intención del legislador al momento de incorporar el art. 86 del C.P”, expresó el rionegrino.

Hasta hoy la única duda era el voto de García Larraburu, pero se sumó la posible abstención de Weretilneck.

“A mayor edad gestacional, mayor riesgo para la práctica de interrupción del embarazo. Esta situación de tensión pone al facultativo ante la decisión de tener que efectuar una práctica riesgosa contra su propio criterio médico sustentado objetivamente. Conlleva esto el riesgo de, por un lado, el registro mayoritario de galenos como objetores de conciencia, no ya por una cuestión ideológica o moral, si no para resguardarse de los riesgos que este tipo de procedimientos pueden generarle en cuanto a responsabilidades médicas, eventuales reclamos por mala praxis, etc. Por otro lado, la posible judicialización de casos donde se evalúe ese criterio médico objetivo, por el cual un profesional no recomendaría una práctica a una edad gestacional avanzada”, comentó en el texto enviado a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado.

Otra de las modificaciones que pidió Weretilneck fue sobre el artículo 5 que establece la autonomía de la voluntad de decidir, que prohíbe el juicio de valor por parte de los profesionales. Para el rionegrino, debe haber un equilibrio para que la sola decisión de la paciente no genere que los profesionales sólo carguen con las consecuencias del tratamiento, incluso de una mala praxis.

Claramente que la persona gestante participa activamente de la decisión del tratamiento, pero éste no puede ser un derecho absoluto, del cual el profesional médico no participa. Ello es contrario a lo establecido en el considerando 29 del fallo F.A.L. y por ende se plantea su modificación. El artículo entonces debe permanecer en un cuidadoso equilibrio entre la autonomía de la voluntad de la mujer y el criterio médico.”, expresa Weretilneck.

Agregó que esta modificación trae como consecuencia resguardar la autonomía de voluntad de la mujer en un marco de equilibrio con las recomendaciones médicas, sumado a seguridad jurídica en la técnica legislativa.