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INTERES GENERAL

26 de junio de 2022

SE JUNTAN FIRMAS PARA QUE PRESCRIBAN LOS ABUSOS SEXUALES

SE JUNTAN FIRMAS PARA QUE PRESCRIBAN LOS ABUSOS SEXUALES

Através de Google Docs se inició una colecta de firmas para que sea tratado con urgencia un proyecto de ley de la exdiputada Lorena Matzen, que data de 2020. Se trata de una iniciativa que busca prohibir la prescripción de los abusos sexuales en la infancia. Cualquier ciudadano puede dejar su aval a través de https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfJk6vt.../viewform... Esta propuesta surge como respuesta a las víctimas del abuso sexual infantil, por los inexcusables actos a los que los niños, niñas y jóvenes se ven sometidos y el daño causado a sus vidas. Se señala que es indispensable que las personas que han sufrido abusos sexuales durante la infancia dispongan de un abordaje y asistencia inmediata, accesible y efectiva cuando toman la difícil decisión de denunciar estos delitos. El texto fundamenta que el abuso sexual infantil y cualquiera de las diferentes manifestaciones en que se produce este delito, constituyen las manifestaciones más monstruosas de la violencia ejercida contra la infancia. Es el acto de mayor violencia cometido por los adultos contra los niños y niñas, basado en una relación de poder y de confianza que le permite cometer tan terribles delitos. Todas las situaciones imaginables que pudieran atravesar los niños y niñas que son abusados, sus consecuencias y efectos, se ven agravados en forma desmesurada cuando ese abuso es cometido por personas allegadas, del ámbito de la familia o de las relaciones de confianza de las víctimas. Una de las características que rodea este aberrante delito es que no es denunciado por parte de las víctimas, y en muchos casos ni siquiera por parte de las personas de la familia que se dan cuenta lo que está pasando en el seno familiar. Irene Intebi enseña, por ejemplo, en su texto "Abuso Sexual Infantil en las mejores familias", el “síndrome de acomodación” al abuso sexual infantil para explicar las razones o fundamentos de por qué las víctimas no denuncian estos delitos: “La víctima no protesta, no se defiende, no denuncia. Por el contrario, se acomoda a las experiencias traumáticas mediante comportamientos que le permiten sobrevivir en lo inmediato, manteniendo una fachada de seudonormalidad". También contribuyen a la falta de denuncia el alto grado de impunidad de que gozan los victimarios, una fuerte postura de la Justicia, que en los últimos años finalmente empieza a cambiar, pero que durante décadas provocó que las víctimas no hicieran las denuncias ante la falta de credibilidad de sus relatos a los que quedaban sometidos por parte del sistema judicial. Según estudios realizados en diversos países, generalmente los agresores sexuales son varones familiares, personas de confianza o conocidos de las víctimas y que sólo unos de cada diez abusos sexuales son denunciados. En muchos casos las personas adultas cuando deciden denunciar los abusos sexuales sufridos durante la infancia se encuentran con obstáculos importantes para encontrar respuestas judiciales, en torno a la prescripción de estos delitos en el sistema penal argentino. Desde hace años que se viene trabajando este tema a nivel legislativo, que finalmente permitió la aprobación de la denominada “Ley Piazza”, dado que el principal promotor del proyecto de reforma penal ha sido el renombrado diseñador de modas Roberto Piazza, que hizo pública su historia de abusos y violencia durante su niñez, según publicó en un libro biográfico. Esta ley modificó en 2011 el Código Penal, ampliando la prescripción del abuso de menores de edad, estableciendo que el delito comenzaba a prescribir a partir de que la víctima cumple 18 años. En esta materia, la ley Piazza resultó un importante avance y permitió una ampliación de los casos de abuso sexual que fueron denunciados por las víctimas siendo personas adultas. Sin embargo, continuaban muchos casos sin resolverse en la Justicia. En noviembre de 2015, se reformó el Código Penal derogando la "ley Piazza", el artículo 63 del CP, estableciendo una nueva regulación respecto a la prescripción en los delitos sexuales y de trata de personas. En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—, 130 —párrafos segundo y tercero—, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad…”. El proyecto sostiene que la "ley Piazza" y su reforma de 2015 han sido fundamentales para garantizar a las víctimas de los delitos sexuales contra niños y niñas, la persecución judicial de esos delitos, cumpliendo así con las aspiraciones de las víctimas, sus familias y las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia frente a las diferentes formas de maltrato y violencia. Incluso los medios de comunicación en una amplia difusión a esta última ley, la señaló en su momento como la norma de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, cuando en realidad los delitos siguen siendo prescriptibles, pero ahora se prolongan los plazos de prescripción. La imprescriptibilidad del delito de abuso sexual infantil resulta la mejor solución, lo que llevó a que durante estos años se presentaran ante el Congreso Nacional distintos proyectos para revisar la prescripción de estos delitos e incluso, vía jurisprudencial, la justicia comienza también a reconocerlo, según surge de la actuación jurisdiccional en el conocido caso Ilarraz en la Provincia de Entre Ríos. El sacerdote Justo Ilarraz, prefecto de Disciplina en el Seminario Menor de Paraná, fue acusado de haber abusado sexualmente de siete varones de entre 12 y 14 años entre 1985 y 1993, mientras fue guía espiritual de los jóvenes que ingresaban al seminario con vocación religiosa. Luego de 33 años fue acusado por las siete víctimas, hoy adultas, y lograron llevarlo a un juicio, donde quedó en evidencia el encubrimiento durante largos años de la cúpula de la Iglesia católica. En el año 2012, una revista de Paraná reveló públicamente el caso de abusos cometidos por el cura Ilarraz, lo que permitió que se abriera una causa penal de oficio y que durante más de cinco años se llevara adelante la investigación judicial. Dado el tiempo transcurrido desde que se habían cometido los delitos y el momento de la denuncia, el caso judicial también incluyó la resolución de la cuestión planteada en torno a si la causa estaba prescripta. El fallo del tribunal entrerriano sentó jurisprudencia para otros casos, declarando la imprescriptibilidad de estos delitos, si bien el plazo previsto en la ley penal se hallaba cumplido. Si bien el caso no ha sido resuelto por la Corte Suprema ante el recurso presentado por la defensa de Ilarraz, el juicio se llevó a cabo en 2020 y los jueces actuantes escucharon a más de 70 testigos, entre ellos las siete víctimas denunciantes, condenando a Ilarraz a 25 años de prisión. Se dejó constancia que este proyecto de ley fue presentado anteriormente con el número de expediente 5437-D-2018, pero ha perdido estado parlamentario. En estos dos años desde la presentación de dicho proyecto han sido innumerables los reclamos por la declaración de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra la infancia que desde las organizaciones de la sociedad civil nos han llegado. Los abusos suceden día a día y los magistrados judiciales no siempre tiene una posición amigable hacia las víctimas ni cuentan con los instrumentos normativos, como el que propiciamos en esta iniciativa, para evitar la impunidad de tan aberrantes delitos.

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